El Banc dels Aliments de Girona valora positivamente la aprobación, por parte del Parlamento de Cataluña, de la primera Ley del Tercer Sector Social, una norma histórica que reconoce jurídicamente la labor esencial de más de 3.000 entidades sociales catalanas y su papel de servicio público. La nueva ley establece, por primera vez, un marco legal estable para el conjunto del tercer sector social, que acompaña a más de 2 millones de personas en situación o riesgo de exclusión social en Cataluña. También refuerza la interlocución entre las entidades y las administraciones públicas mediante la creación del Consejo de Diálogo Civil de Catalunya.

Desde el Banc dels Aliments de Girona, esta aprobación se considera un paso adelante imprescindible para dar estabilidad, reconocimiento y continuidad al trabajo que a diario desarrollan las entidades sociales en todo el país. La nueva ley da más estabilidad a los Bancos de alimentos, dota de mayor coordinación con la administración, se incrementa la recuperación de excedentes y al mismo tiempo se trabaja para reducir el desperdicio alimentario. La presidenta del Banco de Alimentos de Girona, Carme Casacuberta, destaca que «el gran cambio con la Ley del Tercer Sector es que estas entidades dejan de ser vistas sólo como «voluntariado solidario» y pasan a ser reconocidas como una parte estructural del sistema social catalán».

La entidad destaca que la lucha contra la pobreza y la exclusión social requiere herramientas estables, financiación adecuada y una colaboración público-social más sólida. La ley también pone en valor el trabajo de más de 120.000 profesionales y miles de personas voluntarias que forman parte del tercer sector social catalán. En el caso del Banco de Alimentos de Girona, esta tarea es posible gracias a la implicación constante de voluntarios, empresas colaboradoras, administraciones y entidades sociales que trabajan conjuntamente para garantizar el acceso a una alimentación digna a las personas más vulnerables.

El Banc dels Aliments de Girona se suma al mensaje compartido por las entidades impulsoras de la norma: «Ya tenemos Ley. Ahora, avanzamos.» El reto, señalan, será desplegarla de forma efectiva para que este reconocimiento se traduzca en mejoras reales para las entidades y, sobre todo, para las personas atendidas.